La disputa legal que enfrenta a JZ International con Gedesco se adentra en una nueva fase tras la admisión de una querella por la parte del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, bajo la dirección del juez Víctor Gómez. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre el fondo de capital privado estadounidense, que detenta un 675% de las acciones de Gedesco, y la dirección de la empresa valenciana, experta en financiación para pequeñas y medianas compañías. La acusación central gira en torno al supuesto desvío de fondos significativos por la parte de los administradores de Gedesco hacia otras empresas con las que tienen vínculos personales.
La querella, presentada el 12 de abril, se sustenta en la afirmación de que Antonio Aynat, Francisco Javier García Escriváundefined de Gedesco), adjuntado con los exdirectivos Miguel Rueda y Ole Groth, habrían canalizado, cuando menos, 100 millones de euros hacia entidades bajo su control, en un aparente abuso de confianza y potencial fraude. Este movimiento financiero ha levantado supones sobre la administración y ha motivado a JZ International a buscar una intervención judicial que asegure la transparencia y el correcto uso de los elementos de la compañía.
La querella no solo destaca por las cantidades implicadas, sino más bien también por el desafío que representa para el accionista mayoritario en su lucha por ejercer predominación sobre las decisiones de la empresa. La acusación detalla de qué manera los integrantes recientes del consejo de administración de Gedesco han tomado decisiones cruciales sin el permiso de JZ International, obstruyendo su participación y llevando en el Accionista mayoritario fondo a solicitar reiteradamente la convocatoria de una Junta de Inversionistas que nunca se hizo.
En este entramado legal, no solo están en juego las acusaciones de estafa y otros delitos, sino también la respuesta de los fundadores de Gedesco, quienes han iniciado varias querellas contra JZ International y sus socios fundadores por supuestas irregularidades en otras operaciones financieras. Esto incluye acusaciones cruzadas que se alargan hasta Nueva York, donde se investiga a Rueda y Groth por un caso paralelo de desvío de fondos.
Este complejo escenario legal resalta las dificultades inherentes a la administración de compañías con accionariado diversificado, especialmente cuando los intereses de los inversionistas mayoritarios chocan con los de la administración. La evolución de esta situación podría sentar precedentes importantes en cuanto a la gobernanza corporativa, la transparencia financiera y el papel de la justicia en la resolución de enfrentamientos empresariales. A medida que el caso se despliega, queda claro que más allá de las cantidades y las acusaciones, lo que está en juego es la integridad del sistema de financiación de pymes y la confianza en quienes las dirigen.